Por un Big Bang de las Políticas de Juventud
por: Gabriel Navarro

Una sociedad vertebrada se observa, entre otros aspectos, por el carácter y tipo de reacción de los colectivos sociales que la componen cuando se enfrenta, en su conjunto, a graves y complejos problemas de cohesión y ante amenazas del bienestar común. En esta época de profunda crisis a causa de la deuda generada por los “mercados”, y en la que nos abruma un desempleo masivo entre la población juvenil, muchos actores sociales lanzan proclamas en la dirección de atajar esta deuda social con los jóvenes. Sin embargo, una síntesis bruta de muchas de las recetas económicas propuestas reside, esencialmente, en una disminución de los costos laborales y en esfuerzos especiales de mejorar su cualificación. Ciertamente, las medidas a aplicar en este ámbito no son fáciles y exige una implicación amplia del conjunto de la sociedad. Pero, la cuestión que debemos plantearnos en nuestro país es si alguien o algunos de esos colectivos que conforman nuestra comunidad defienden posturas alternativas al actual discurso dominante. Al menos, tenemos la posibilidad de aprender algo de lo que acontece en países de nuestro entorno.

38 organizaciones de Francia de reconocido prestigio, incluyendo a asociaciones juveniles de ámbito nacional publicaron el pasado 28 de noviembre de 2011 un documento para promover una revisión sustancial de la política educativa y la integración de los jóvenes.

Los autores de esta plataforma son entidades coordinadoras, asociaciones, federaciones y mutualidades, movimientos juveniles, organizaciones de jóvenes y la educación comunitaria, entidades de inserción, de vivienda o de salud, y las misiones locales. Todas ellas asisten, acompañan y trabajan con millones de jóvenes cada año. En conjunto, constituyen el observatorio más exhaustivo y experimentado de los jóvenes franceses en 2011.

Titulado «¡Por un Big Bang de las Políticas de Juventud!” el objetivo del documento es estimular el debate con las diferentes partes implicadas: asociaciones, federaciones, mutualidades, movimientos juveniles, organizaciones de la juventud y la educación pública, estructuras de integración , la vivienda o la salud …».

Se basa en cinco reivindicaciones:

  • establecer un derecho a la educación y la formación permanente,
  • organizar un Servicio Público de información, orientación y asesoramiento a los jóvenes
  • asegurar los recursos financieros para los jóvenes,
  • facilitar el acceso de los jóvenes al trabajo en condiciones dignas,
  • fomentar una mayor participación de los jóvenes en la vida comunitaria.

Con el fin de animar también en España el debate en torno a estos asuntos que afectan radicalmente a lo que se concibe como “Políticas de Juventud”, os presento a continuación el documento de esta plataforma francesa y el enlace a su portal web, con mi traducción apresurada (y os agradeceré que me comuniquéis cualquier error observado en la versión española del texto para corregirlo oportunamente):

bigbangjeunesse

#888888;">Por un Big Bang de las Políticas de Juventud

#888888;">Abramos las posibilidades. Creemos las condiciones de la emancipación.

Desde hace meses, las encuestas de opinión, sondeos, declaraciones, informes, libros y propuestas sobre la juventud se multiplican. Este tema parece ser una de las prioridades de los partidos políticos y candidatos en la perspectiva de las futuras elecciones. Sin embargo, las propuestas conocidas al día de hoy se mantienen en la prolongación de las intervenciones realizadas durante casi 35 años, que han demostrado su incapacidad para responder a los retos de la juventud. El desafío es por lo tanto, de importancia para la sociedad francesa y justifica un profundo debate que va más allá del simple enfrentamiento electoral, programa contra programa. Es en este debate en el que desean contribuir las organizaciones juveniles, movimientos de educación popular, las asociaciones de inserción y acción social, las misiones locales, etc., reunidos en el seno de la plataforma #888888;">«Por un Big Bang de las políticas de juventud». La diversidad de nuestras misiones y nuestras acciones, la multiplicidad de campos que cubrimos, el número de jóvenes que reunimos y acompañamos, nos colocan en una posición privilegiada para tomar la medida de los problemas y proponer una nueva vía.

#888888;">Los límites de 35 años de intervenciones públicas

Ante la subida del desempleo, y muy especialmente del desempleo de los jóvenes, los poderes públicos han desarrollado a partir de la mitad de los años 70 intervenciones importantes en torno a dos grandes ejes. Una nueva etapa de la democratización y el masificación de la enseñanza y numerosos y variados dispositivos para promover la inserción de los jóvenes en el empleo, basándose esencialmente en acciones de formación, la flexibilidad del derecho del trabajo, el descenso del coste laboral para la empresa. La apertura de la RMI (Renta Mínima de Inserción) a partir de 25 años y el alargamiento del pago de los subsidios familiares se tradujeron por otra parte en la disyuntiva de hacer soportar por las familias “la prolongación de juventud” consecutiva a la prolongación de los estudios y a las dificultades de inserción profesional y estabilización en el empleo.

Esta política ha contribuido a un aumento rápido del nivel de cualificación de las generaciones jóvenes. Pero este progreso innegable no desembocó, a pesar de la amplitud de las medidas de inserción, ni en una reducción significativa y duradera del desempleo ni en una mejora del acceso ni la consolidación del empleo.  Las medidas adoptadas para favorecer la inserción profesional participaron incluso en el desarrollo de la precariedad que se convirtió en la experiencia colectiva de las nuevas generaciones. La precarización del empleo y la vuelta de los jóvenes adultos a cargo de las familias se tradujeron en un aumento rápido de la pobreza. La categoría de los 16-25 años es así aquella población que tiene el tipo de pobreza más elevado (cerca del 20% de ellos viven bajo el umbral de pobreza frente a un 13% del conjunto de la población). Todo eso desemboca para los jóvenes sin apoyo familiar en situaciones de supervivencia que corresponden a verdaderas denegaciones de derecho en uno de los países más ricos del mundo. ¿Cómo puede  la sociedad actuar así? ¿Cómo puede aceptar dejar a los jóvenes a las puertas del mundo del trabajo? ¿Cómo puede dejar a las familias solas  ante este fenómeno? ¿Cómo puede inventar cada año dispositivos para los jóvenes siempre menos favorables que lo legal? ¿Cómo puede imaginar construir un porvenir colectivo dejando de lado a los jóvenes?

#888888;">Es hora de salir de caminos trillados mil veces

Nuestra convicción es que el deber futuro implica una novación en base a las transformaciones de las condiciones del paso a la edad adulta, de los modos de adquisición de los conocimientos y de la reorganización del trabajo y el empleo. La sociedad debe tomar nota también de la transformación de las edades de la vida, garantizar una protección social a todos y reforzar las condiciones de las solidaridades intergeneracionales. Debe asegurar a todos, a lo sumo, los mismos derechos. Se trata para nosotros de la principal decisión de la sociedad.

La novedad que proponemos consiste en romper con la única lógica de dispositivos y medidas que caracteriza las intervenciones públicas desde hace 35 años para pasar a una lógica del derecho. Así pues, proponemos la instauración efectiva de un derecho individual a la educación-formación a lo largo de la vida. Este derecho se combina con el pago, desde la mayoría de edad, de una asignación que es la contrapartida de la inversión que hace cada joven para preparar su futuro y así contribuir en el porvenir colectivo. Se trata al mismo tiempo de ampliar para cada joven, cualquiera que sea su medio social, el abanico de las posibilidades de formación, de asegurar, para todos, la transición entre la escuela y el empleo y de garantizar a cada joven una relativa independencia financiera. Eso se traduce también en la opción de poner en entredicho el “familiarización de la juventud” de la que se acaba de mostrar su carácter profundamente injusto, haciendo por ello a cada joven, responsable civil y penalmente a partir de su mayoría de edad, el titular directo del conjunto de los derechos sociales. Estas disposiciones pueden responder de manera muy directa a las preocupaciones actuales de la mayoría de los jóvenes y de sus familias. Abren  nuevas perspectivas, muy especialmente para los jóvenes y para las familias modestas y de clase media y pueden suscitar una nueva confianza en el futuro. Es sobre esta base que deberán ser revisadas las medidas de inserción profesional y social, reformuladas las responsabilidades respectivas del Estado, de los organismos territoriales e interlocutores sociales concernientes a la aplicación de la política de educación, formación e inserción profesional y reorganizados los recursos que se destinan al apoyo a las familias que tienen a su cargo jóvenes adultos así como las medidas de apoyo a los jóvenes que más lo necesitan.

#888888;">Ha llegado el momento de las decisiones

El diagnóstico es ya conocido y de sobra compartido y las perspectivas que acabamos de trazar no son totalmente nuevas. Las disposiciones que proponemos están muy próximas de las que existen en varios países del norte de Europa donde reflejan muy explícitamente la elección que hicieron estos países de invertir en el futuro apostando por la juventud, la educación y la investigación. Ante la magnitud de los problemas y ante la urgencia de la situación esperamos que los candidatos, partidos políticos y cargos electos locales asuman compromisos claros y fuertes. No es momento para las comisiones y las experimentaciones sino para a la puesta en marcha de un verdadero cambio.

#888888;">Nuestra propuesta: Un derecho para todos a construir su carrera y vivir dignamente

Seamos claros: la ambición es que todo joven esté en una situación de formación o empleo que le permita cualificarse, enriquecer sus competencias profesionales y sociales, disponer de medios de existencia autónomos e implicarse en la vida de la sociedad. Cuando no está en situación de formación o con empleo, debe beneficiarse de las disposiciones comunes en materia de recursos y protección social. En cualquier caso, debe ser capaz de movilizar un asesoramiento adaptado para ayudarlo en esta toma de decisiones y apoyarlo en su camino.

#888888;">Nuestra propuesta se define en 5 ejes complementarios e indisociables:

  • #888888;">Educar para una integración duradera: un derecho a la educación-formación a lo largo de la vida
    En el marco del derecho a la educación y formación permanente, cada joven dispone a la entrada en el sistema escolar de un capital inicial de formación de veinte años, garantizado por el Estado. Este capital garantiza a cada uno un volumen mínimo de formación, que será pues igual a la duración media actual de los estudios. Será utilizable en el marco de la formación inicial o podrá movilizarse posteriormente (aumentado en los derechos suplementarios constituidos a través del ejercicio de una actividad profesional) para seguir una formación, reanudar estudios, o adquirir competencias por otras vías. El primer objetivo contemplado consiste en reducir desigualdades entre los jóvenes abriendo más ampliamente a cada joven, cualesquiera que sean los recursos de sus padres, la opción de un curso de formación. Demasiados jóvenes renuncian a comprometerse en algunos sectores por razones financieras. El segundo objetivo consiste en hacer efectivo lo que se llama la segunda oportunidad. Los jóvenes que abandonan precozmente el sistema escolar sabrán que esto no ha terminado que podrán más tarde movilizar su capital personal para reanudar una formación. El tercer objetivo consiste en facilitar cursos de cualificación alternando formación, actividades, y empleo asegurando esos itinerarios. A nivel colectivo, el anhelo es atravesar una nueva etapa en el aumento del nivel de cualificación de las nuevas generaciones, nuestra divergencia en esta materia con los países nórdicos o Japón es aún considerable.
  • #888888;">Acompañar la emancipación: la instauración de un servicio público de información, orientación y asesoramiento de los jóvenes
    Ubicarse en los intersticios de la educación formal y los recursos de alternancia e inserción profesional es un reto para muchos jóvenes y sus familias. De ahí que a través de nuestra propuesta, con vista a reforzar la igualdad de posibilidades para cada joven, es necesario poner en entredicho las lógicas de la orientación sufrida que mina la confianza hacia las instituciones. La aplicación de esta norma debe ser acompañada por la organización efectiva de un servicio público de información, orientación y asesoramiento. El planteamiento adoptado recientemente no está a la altura de los problemas. Se trata de apoyar a los jóvenes en el curso de su autonomía e inserción profesional y social, en particular, en materia de alojamiento, protección social, salud, cultura, movilidad, ocio y vida ciudadana. La puesta en marcha del servicio público podrá basarse en numerosas experiencias llevadas a cabo por los actores locales en el ámbito de la iniciativa de colectividades territoriales (autoridades locales) y sus cargos electos.
  • #888888;">Garantizar recursos: clave para una vida decente
    Nuestra propuesta integra el pago de una asignación que constituye la contrapartida del compromiso que asume cada joven mayor de edad. Esta asignación se paga directamente a todos los jóvenes, sin ninguna referencia a los recursos familiares. Sustituirá a las distintas ayudas pagadas a las familias con título de hijos mayores, así como a las becas de enseñanza. Esta disposición está destinada principalmente a apoyar la necesaria inversión de todos en formación. Contribuirá a reducir una dependencia de los jóvenes adultos frente a su familia lo que constituye para las familias modestas y medias una pesada carga y presiona a menudo fuertemente sobre las relaciones padre-hijos. En fin, refleja la opción de considerar que a partir de su mayoría de edad cada joven, responsable civil y penalmente, es titular del conjunto de sus derechos sociales. Así pues, todo joven adulto dispondría de recursos propios vinculados a su situación:
  • Si está dedicado a su formación, a experiencias alternativas validadas, él se beneficia de una asignación de formación de un nivel al menos igual al de las becas de la enseñanza superior.
  • Si accede a la vida profesional, percibe un salario correspondiente a su trabajo.
  • Si observa dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, en particular, en caso de salida precoz del sistema escolar, el derecho individual garantiza recursos y un derecho a la experiencia profesional.

Las modalidades de movilización de estos derechos deberán definirse de tal forma que faciliten, o incluso favorezcan cursos diversificados, contribuyendo a través de experiencias múltiples, a la adquisición de competencias profesionales y sociales plurales.

  • #888888;">Impulsar sobre el empleo para que cada uno consiga su lugar
    El trabajo, la actividad, constitituye para cada uno un factor de dignidad. Procuran recursos, reconocimiento y contribuyen al sentimiento de utilidad. Para los jóvenes la experiencia del trabajo es especialmente importante en la adquisición de autonomía. Aún es necesario que los jóvenes accedan a un empleo, con condiciones de trabajo formativas y decentes. Eso pasa por devolver a la legislación (tipo de contrato, tiempo de trabajo y remuneración), el apoyo al acceso y al respeto de sus derechos. Para que el paro masivo y la precariedad no aparezca como una fatalidad, conviene sacar las consecuencias de 35 años de medidas que no permitieron reducir el desempleo y especialmente el desempleo de los jóvenes sino que generaron una precariedad creciente. Es necesario refundar la política del empleo y el trabajo. Esta política debe basarse en una movilización del conjunto empleadores tanto de la economía de mercado como del «no mercado» (término francés referido a entidades sin fines de lucro o redistributivas).
  • #888888;">Los jóvenes actores del cambio
    Si la inscripción de las políticas públicas de juventud en el marco de la ley debe constituir un paso decisivo hacia el reconocimiento de los jóvenes como ciudadanos de pleno derecho, es importante correlativamente crear las condiciones de una presencia más importante de aquéllos en los lugares que estructuran nuestra democracia. La participación de los jóvenes en la vida colectiva constituye en efecto una palanca esencial en su desarrollo hacia la emancipación, al mismo tiempo que un recurso indispensable para elaborar, para aplicar políticas públicas y para construir una sociedad donde todas las generaciones tienen su lugar. Por eso debemos apoyar las acciones y los espacios que permiten esta dinámica, especialmente, mediante las organizaciones juveniles, las asociaciones, los sindicatos, los partidos políticos y las autoridades locales. Facilitar el compromiso al permitir procesos diversificados y tomas de responsabilidades progresivas debe complementarse con una valorización de las acciones realizadas, de un reconocimiento en el desarrollo de cada uno y, en fin, de una evolución dentro de las estructuras de representación de los ciudadanos. Apostar por la renovación de las políticas juventud es también hacer la apuesta de la confianza en las capacidades individuales y colectivas de los más jóvenes. ¡Construyamos el cambio con ellos!

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Esta propuesta es una elección de la sociedad, una inversión en el futuro

La implementación de la propuesta, que acabamos de esbozar, corresponde a un gasto neto para la hacienda pública que puede considerarse entre 8 y 12 mil millones de euros. Formular una propuesta de esta magnitud en pleno debate sobre la deuda y en el momento donde la reforma de la ayuda a las personas mayores dependientes acaba de prorrogarse, es un acto perfectamente consciente y responsable. Este coste debe compararse con relación a algunos datos esenciales: el esfuerzo educativo de nuestro país es de 130 mil millones de euros que corresponden al 6,5% del PIB. Los gastos de la política familiar ascienden a 100 mil millones de euros, los de política de empleo y la formación profesional corresponden a un nivel de gasto equivalente.

La sociedad debe considerar que el coste de esta reforma es una inversión necesaria en su juventud. Esta inversión participará en la autonomía de los jóvenes y en su crecimiento como adultos: es un asunto de prioridades y decisión. En efecto, como lo demostraron los modelos de los países del Norte, esta propuesta (que está inspirada en ellos) tenderá a crear una dinámica global que asocia implicación, autonomía de los jóvenes, y protección de su desarrollo. Permitirá pues evitar los daños sociales causados hasta ahora y ahorrar con respecto a las intervenciones a posteriori. Esta propuesta se inscribe en la dinámica de reformas necesarias: las del sistema educativo, las de la política del empleo y la formación profesional, las del sistema fiscal. Lo que está en juego de la novedad que proponemos es tal que justifica un debate en el marco de las elecciones presidenciales que van a comprometer nuestro país durante un tiempo: el refuerzo de la inversión educativa indispensable para enfrentar los retos de la sociedad del conocimiento, la lucha contra desigualdades que no dejaron de empeorarse desde hace una veintena de años, el reforzamientode la cohesión social que implica el retorno a la confianza de los jóvenes y de sus familias en el futuro.

La documentación, la agenda de actuaciones y la relación de organizaciones que suscriben esta propuesta se pueden consultar en:

www.bigbangjeunesse.net/

Los defectos de esta traducción son propiedad de

Gabriel Navarro

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