Gabriel Navarro

Expectantes ante la Garantía Juvenil
por: Gabriel Navarro

En el mes de octubre de 2012 hubo una reunión del Foro Europeo de la Juventud en el que se trató de manera monográfica la forma de abordar el gravoso problema del paro juvenil en Europa. En este foro se analizó como el incremento en el paro juvenil desde la puesta en marcha de la iniciativa europea “Juventud en movimiento”, obligó a la Comisión Europea plantear otra iniciativa como: “Oportunidades para la juventud”, que tampoco parece suficiente para atajar el penoso panorama de la dificultad de inserción laboral y de transición de la educación al mundo del trabajo de los jóvenes europeos, consecuencia de la creciente desregulación del mercado laboral en los últimos años.

Los niveles de desempleo juvenil suponen una amenaza real para el modelo social europeo y ello determina el aumento de la desconfianza en la capacidad de las instituciones para resolver sus problemas. Y si los jóvenes están perdiendo confianza, «entonces la Unión Europea está en peligro», advierte Martin Schultz presidente del Parlamento Europeo. Alrededor de 5,5 millones de jóvenes (el 23,4% de media) están en el paro en toda la UE y 7,5 millones ni estudian ni trabajan. El coste económico de no integrar a los jóvenes en el mercado laboral asciende a 150.000 millones al año, o el 1,2% del PIB comunitario. En España, el coste se sitúa en 15.700 millones, el 1,47% del PIB.

Ante este panorama, la apuesta que se expuso en dicho foro para enfrentar este problema, junto a otros informes, posteriormente ha sido asumida por los Estados miembros en el Consejo de Empleo y Asuntos Sociales de la UE celebrado el pasado 28 de febrero en Bruselas, mediante una recomendación específica y consiste en impulsar la “Garantía Juvenil”, una iniciativa que establece que todos los europeos menores de 26 años deben tener acceso a un trabajo, formación o prácticas en un plazo máximo de 4 meses tras terminar sus estudios o quedar desempleados.

Se entiende por “Garantía Juvenil” el compromiso de la administración pública y los Servicios Públicos de Empleo por ofrecer experiencias laborales, formación o cursos de reciclado a los jóvenes una vez transcurrido un cierto período de tiempo tras haber perdido su empleo o tras concluir formación. Este acuerdo comprende en general seis directrices: establecer acuerdos de colaboración entre servicios de empleo públicos y privados, agentes sociales y organizaciones juveniles; garantizar la intervención temprana; mejorar las medidas de inserción profesional; utilizar la financiación de la UE; revisar continuamente el funcionamiento del sistema; y ponerlo en marcha lo antes posible.

Si observamos el modelo que se ha aplicado en países como Finlandia, los pasos que conlleva en la práctica a la hora de atender a los jóvenes son: 1) evaluar un plan de desarrollo personal para el demandante de empleo; 2) llevar a cabo una evaluación de las necesidades de la ayuda que necesite para encontrar un empleo; 3) Ofrecer un trabajo, centro de estudio (académico o profesional) o la activación de otra medida que puede ayudar a la inserción laboral del demandante de empleo (formación, asesoramiento, orientación, trabajo subvencionado, puesta en marcha con financiación).

Según la experiencia de otros países, la garantía juvenil parece ser más eficaz en quienes están preparados para trabajar por primera vez en su vida, pero no ha resultado ser tan exitosa con los jóvenes desempleados de larga duración con especiales dificultades sociales y personales. Incluso hay quienes opinan que esta nueva garantía debería centrarse más en las capacitación y reciclaje profesional y no en ayudar a los jóvenes a encontrar ”cualquier” trabajo disponible.

Para todo ello es fundamental el buen funcionamiento de una red estrecha de colaboración entre los agentes implicados en la prestación de la garantía social: Servicio Público de Empleo, orientadores, centros educativos y tejido empresarial. Y su éxito depende en gran medida de las políticas establecidas en cada país (por ejemplo, la infraestructura y capacidad de los Servicios Públicos, la disponibilidad de plazas formativas y de prácticas) y, esencialmente, la situación del mercado de trabajo de cada estado. En España, la «garantía juvenil» se aplicará mediante las medidas incluidas en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo recientemente presentada por el Gobierno.

Dispone un presupuesto de 6.000 millones de euros (de los que España podría recibir 920 millones) para siete años, a partir de 2014, momento en el que cada país deberá desarrollar acciones concretas para que todos los jóvenes accedan a estas oportunidades, lo que supone aproximadamente 60 euros por año y joven europeo parado. Hecho que no deja de asombrar a muchos, después de los 700.000 millones de euros facilitados a las entidades financieras de Europa. No obstante, desde el Consejo de la Juventud de España se considera importante que se ponga en marcha lo antes posible.

Cualquier plan de esta clase casi siempre es síntoma de un fracaso, en este caso, la falta de perspectiva económica y política en el ámbito de Europa, que hubiera garantizado a largo plazo procesos de inserción social y laboral adecuados a la evolución de la población. La expectativas de la sociedad ante esta nueva iniciativa expresan, de un lado, ciertas esperanzas, por otro, mucho escepticismo. La repercusiones deberían ser relevantes, y una de las claves en la transparencia de su ejecución reside en las características del desarrollo y evaluación rigurosa de su aplicación en cada país. Ante este panorama, un grupo de expertos en organizaciones juveniles han puesto en marcha el portal: http://garantiajuvenil.com que les recomiendo seguir con atención.

NOTA: Artículo publicado, en formato más resumido, en diario La Verdad de Murcia (edición papel)  el 2/4/2013 (texto original de 14/3/2013)

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