A partir de los debates y conclusiones elaborados en el seminario E04 “Políticas de Juventud en época de crisis” en el que trabajamos este documento…
1 comentarioEtiqueta: Políticas de Juventud
Estas notas no pretenden abarcar el conjunto de Políticas de Juventud que se desarrollan en nuestro país, sino ofrecer unos elementos de análisis que consideramos importantes para promover un debate abierto sobre la situación actual de las Políticas de Juventud en época de crisis (PDF) y las posibles vías futuras de intervención, en el marco de los Encuentros de Juventud de Cabueñes 2014.
INTRO
Las Políticas de Juventud han soportado desde sus voluntariosos comienzos en nuestra democracia, diversas modalidades y definiciones que han sido pergeñadas, principalmente, por la visión de la realidad juvenil que en cada época manejaban las organizaciones políticas y los cuadros técnicos encargados de su elaboración, más que como consecuencia de un diálogo amplio, normalizado y continuado con las organizaciones juveniles y con la mayoría de jóvenes no asociados de cada ámbito territorial. Lo cual ha sido consecuencia de un conjunto de factores muy diversos, y de difícil síntesis. Un aspecto destacable, entre otros, en su historia reside en la paradoja de la competencia legal de los actores encargados de su gestión.
Revisando documentos históricos, en el Encuentro Municipio y Juventud, organizado por ASDE – Diomira, en 2004 se expresaba lo siguiente en el documento denominado Declaración de Barcelona :
“Hace 25 años, los jóvenes entraron en los ayuntamientos. … Los departamentos de juventud partían de cero, sin infraestructura, ni personal adecuado ni experiencia administrativa. Pero había voluntad y liderazgo político: los ayuntamientos debían actuar para afrontar las necesidades de los jóvenes y para que se incorporaran plenamente al desarrollo económico, social y político aunque ninguna norma fijara las competencias, los recursos y las obligaciones de sus actuaciones.”
Resulta paradójico que a lo largo de todos estos años de Políticas de Juventud en España, éstas se desarrollasen preferentemente en el ámbito local (con muchos altibajos) a pesar de la discontinuidad en sus estructuras y líneas de actuación y de no tener nunca las competencia y de soportar recortes sustanciales en sus recursos a consecuencia de la reciente legislación que limita sustancialmente la autonomía local. Sus hitos han estado marcados bien por el protagonismo momentáneo que ejercía en movilizaciones parte de la juventud de nuestro país, bien por las oportunas necesidades electorales de los partidos políticos, o por la voluntad y el coraje de algunos líderes políticos que, convencidos de intervenir en este sector de la población, asumían las actuaciones en materia de juventud, con grandes limitaciones presupuestarias y cierta confrontación con el resto de su propio equipo de gobierno.
1 comentarioCuando se debatían los contenidos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LRBRL) publicada en BOE núm. 80 de 3 de Abril de 1985, el término «juventud» desapareció, en el tránsito de sus borradores entre el Congreso y el Senado, del Artículo 28 , que quedaba finalmente redactado de la siguiente manera:
«Los Municipios pueden realizar actividades complementarias de las propias de otras Administraciones públicas y, en particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad, y la protección del medio ambiente.»
Si no me equivoco, ello fue consecuencia de la presión de los grupos nacionalistas representados en las Cortes Españolas al objeto de defender a ultranza la competencia exclusiva en este ámbito que se fue incorporando en los primeros Estatutos de Autonomía. Aunque nunca se entendió bien por qué otras de las actividades complementarias, como por ejemplo la de «promoción de la mujer», en cambio, si se mantuvieron en dicho artículo a pesar de figurar como competencia de las comunidades autónomas.
El hecho es que una cantidad muy importante de corporaciones locales elegidas en las primeras elecciones democráticas de 1979, fueron desarrollando desde 1980 servicios y programas de actividades encuadrados en la denominada «política juvenil», intentando aplicar políticas similares a las que los ayuntamientos de muchos países del entorno europeo venían realizando desde finales de los años 60. Así mismo, su ejecución se apoyaba en el principio de la autonomía local, y por la lógica aplastante de ofrecer los denominados «servicios personales» desde el nivel de administración pública más próximo a los ciudadanos, como lo son los ayuntamientos.
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