Vivimos en un año 2022 que la Comisión Europea ha designado como “Año Europeo de la Juventud” donde las instituciones europeas (y el conjunto de países que la integran) deberían centrar sus esfuerzos en dar voz a las necesidades y derechos de los jóvenes y en defender su participación en la sociedad. Tras los efectos lamentables de la pandemia por COVID19 y en una fase de recuperación económica, emerge una nueva crisis mundial motivada por la inaceptable invasión de Ucrania. Si hasta ahora la incertidumbre respecto a las posibilidades de inserción social de los jóvenes suponía una losa relevante, nos tememos que el futuro de la juventud europea se agravará por sus efectos negativos en la economía, además de por el impacto perjudicial que estamos provocando en el medio ambiente.
Sabemos que la tan reclamada y necesaria participación de los jóvenes es una tarea en la que tienen el reto de aprender a ser agentes del proceso de toma de decisiones en su entorno. Y lograr esa participación depende del acceso a una información pertinente, completa y plural; de vías de comunicación con otras personas jóvenes con quienes intercambiar prácticas de interrelación que permitan acciones colectivas; de la capacidad de toma de decisiones, tanto a nivel individual como colectivo; y, de la implicación y compromiso que fomente experiencias positivas comunes en torno a un asunto que les afecte o interese.
