(Sobre las recientes declaraciones ante amenazas en Twitter)
Un hecho paradigmático provoca el temor entre cierta clase política, a saber, la capacidad de difusión e interconexión que protagonizamos los ciudadanos gracias al desarrollo, en los últimos años, de aplicaciones de fácil uso en la red Internet y a las posibilidades que nos ofrecen los recursos de la Web Social y su adaptación a los dispositivos móviles.
Un síntoma de ese temor lo observamos en las recientes declaraciones de miembros del gobierno con el efecto posible de restringir la libre expresión en Twitter, a raíz de los insultos y comentarios despreciables e inadmisibles sobre el lamentable asesinato, por venganza personal, de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, en el que están imputadas dos mujeres católicas y militantes del Partido Popular.
Este temor radica en el hecho de que dichos comentarios infames son ya condenables con la legislación actual, sin necesidad de dictaminar ninguna nueva norma que afecte específicamente a un medio como Twitter. Lo que establece el Código penal como injurias y amenazas es suficientemente diáfano y claro para ser aplicado en cada caso. Por lo tanto, lo que provoca alarma parece ser la eventual difusión de unas manifestaciones potencialmente delictivas a través de una plataforma de redes sociales, y no el hecho delictivo en sí mismo que puede mostrarse en cualquier entorno, ya sea cara a cara, ya a través de la televisión, de la radio o la prensa, ya sea en Internet.
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