El medio como pretexto
por: Gabriel Navarro

(Sobre las recientes declaraciones ante amenazas en Twitter)

Un hecho paradigmático provoca el temor entre cierta clase política, a saber, la capacidad de difusión e interconexión que protagonizamos los ciudadanos gracias al desarrollo, en los últimos años, de aplicaciones de fácil uso en la red Internet y a las posibilidades que nos ofrecen los recursos de la Web Social y su adaptación a los dispositivos móviles.

Un síntoma de ese temor lo observamos en las recientes declaraciones de miembros del gobierno con el efecto posible de restringir la libre expresión en Twitter, a raíz de los insultos y comentarios despreciables e inadmisibles sobre el lamentable asesinato, por venganza personal, de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, en el que están imputadas dos mujeres católicas y militantes del Partido Popular.

Este temor radica en el hecho de que dichos comentarios infames son ya condenables con la legislación actual, sin necesidad de dictaminar ninguna nueva norma que afecte específicamente a un medio como Twitter. Lo que establece el Código penal como injurias y amenazas es suficientemente diáfano y claro para ser aplicado en cada caso. Por lo tanto, lo que provoca alarma parece ser la eventual difusión de unas manifestaciones potencialmente delictivas a través de una plataforma de redes sociales, y no el hecho delictivo en sí mismo que puede mostrarse en cualquier entorno, ya sea cara a cara, ya a través de la televisión, de la radio o la prensa, ya sea en Internet.

Piar fuera es menos malo que en Twitter (foto: Gabriel Navarro)
Piar fuera es menos malo que en Twitter (foto: Gabriel Navarro)


Como bien destaca Enrique Dans, gran experto en la Web, las reacciones y mensajes de ese tipo tienen entre sus características el hecho de que son muy minoritarias en las redes sociales. En el Informe analítico realizado por la prestigiosa empresa Pirendo se pueden consultar los “tweets” de mayor impacto con posterioridad al mencionado asesinato, donde podemos comprobar que abarcan contenidos informativos, de pésame, de condena del acto, de apoyo a su familia, de defensa de esa persona, de ataque, de solidaridad con el PP, de crítica, o bien, de humor negro y de ironía en referencia a diversas opiniones tendenciosas vertidas en sus primeros momentos por algunos medios de comunicación. Entre ellos, si no me equivoco, no aparece ninguno delictivo.

El abogado penalista Ignacio Sanz afirma que insultar puede ser falta o delito, que la gravedad del delito varía si esa persona es relevante en la red social o no -suponemos que esto mismo se debe aplicar a cualquier medio de comunicación-, y destaca que “la regulación sobre las injurias en redes sociales debería ser igual que la exigida a los periodistas”.

Lo difícil de entender es por qué se sugiere intervenir ahora bajo estas medidas especiales desde la Fiscalía cuando existen desde hace tiempo múltiples casos similares punibles, como las amenazas a la presidenta de la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo, a conciudadanos de otras comunidades, a líderes políticos, a minorías étnicas, entre otros, a quienes se les ha amenazado, calumniado, difamado o hecho apología del delito y del odio vía redes sociales. En cambio, no se ha observado ninguna actuación judicial en relación a la mayoría de dichos mensajes en intensidad comparable con las propuestas recientes del Ministerio del Interior. Con el agravante de que muchos de estos insultos se suscitan desde determinadas cadenas de televisión y medios radiofónicos en donde algunos desalmados son certeros creadores de opinión que, posteriormente, se refleja en las redes.

A estas alturas es un insulto a la inteligencia manifestar cosas como: «Twitter se está convirtiendo en un lugar muy poco recomendable», pues en este medio participamos voluntariamente –nadie está obligado a incorporarse- más de 7,5 millones de españoles constituyendo un espacio más de expresiones variadas de nuestra sociedad. Entre las cuales aparecen estupideces y tonterías injustificables emitidas por sujetos inanes y cafres, en porcentaje similar al que encontramos en cualquier plaza de nuestros pueblos.

La cómica murciana Raquel Sastre, una seria profesional del humor, se preguntaba si, en el saco de amenazas e insultos, el gobierno quiere meter los chistes que atentan contra sus propios valores, estigmatizando el humor. Quizá sea cierta su sospecha. Pero lo que considero que se estigmatiza con esas declaraciones es el uso que podamos efectuar de un medio como Twitter para expresar nuestra libre opinión, articulando nuevas formas de control de múltiples ideas y pensamientos que hoy ampara la Constitución, cuando lo realmente necesario consiste en la divulgación del respeto y la formación en valores, en una alfabetización informacional responsable y en el fomento de una intensa educación para la ciudadanía.

(NOTA: Este artículo se publicó en el diario La Verdad de Murcia el día 25 de mayo de 2014 -edición en papel-)

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