Gabriel Navarro

Notas sobre Políticas de Juventud en época de crisis
por: Gabriel Navarro

Estas notas no pretenden abarcar el conjunto de Políticas de Juventud que se desarrollan en nuestro país, sino ofrecer unos elementos de análisis que consideramos importantes para promover un debate abierto sobre la situación actual de las Políticas de Juventud en época de crisis (PDF) y las posibles vías futuras de intervención, en el marco de los Encuentros de Juventud de Cabueñes 2014.

INTRO

Las Políticas de Juventud han soportado desde sus voluntariosos comienzos en nuestra democracia, diversas modalidades y definiciones que han sido pergeñadas, principalmente, por la visión de la realidad juvenil que en cada época manejaban las organizaciones políticas y los cuadros técnicos encargados de su elaboración, más que como consecuencia de un diálogo amplio, normalizado y continuado con las organizaciones juveniles y con la mayoría de jóvenes no asociados de cada ámbito territorial. Lo cual ha sido consecuencia de un conjunto de factores muy diversos, y de difícil síntesis. Un aspecto destacable, entre otros, en su historia reside en la paradoja de la competencia legal de los actores encargados de su gestión.

Revisando documentos históricos, en el Encuentro Municipio y Juventud, organizado por ASDE – Diomira, en 2004 se expresaba lo siguiente en el documento denominado Declaración de Barcelona :

“Hace 25 años, los jóvenes entraron en los ayuntamientos. … Los departamentos de juventud partían de cero, sin infraestructura, ni personal adecuado ni experiencia administrativa. Pero había voluntad y liderazgo político: los ayuntamientos debían actuar para afrontar las necesidades de los jóvenes y para que se incorporaran plenamente al desarrollo económico, social y político aunque ninguna norma fijara las competencias, los recursos y las obligaciones de sus actuaciones.”

Resulta paradójico que a lo largo de todos estos años de Políticas de Juventud en España, éstas se desarrollasen preferentemente en el ámbito local (con muchos altibajos) a pesar de la discontinuidad en sus estructuras y líneas de actuación y de no tener nunca las competencia y de soportar recortes sustanciales en sus recursos a consecuencia de la reciente legislación que limita sustancialmente la autonomía local. Sus hitos han estado marcados bien por el protagonismo momentáneo que ejercía en movilizaciones parte de la juventud de nuestro país, bien por las oportunas necesidades electorales de los partidos políticos, o por la voluntad y el coraje de algunos líderes políticos que, convencidos de intervenir en este sector de la población, asumían las actuaciones en materia de juventud, con grandes limitaciones presupuestarias y cierta confrontación con el resto de su propio equipo de gobierno.

Paralelamente a esos inicios voluntariosos, no exentos de éxitos muy puntuales en el desarrollo de determinados servicios e infraestructuras dirigidas a los jóvenes, la Administración Central y la Autonómica fueron desarrollando con especial esfuerzo un marco normativo y una estructura de gestión acorde, en líneas generales, con las competencias correspondientes. Sufriendo igualmente, los efectos que las diversas crisis económicas provocaron en sus presupuestos y los cambios acontecidos en la agenda política de cada periodo. Destacaríamos el enorme valor del INJUVE en la misión, entre otras actuaciones, de fomentar estudios e investigaciones sobre la realidad y condición social de los jóvenes y en el lanzamiento de los Planes Globales y el impulso de las Comisiones Interministeriales de Juventud. En muchos de aquellos planes se observaba una sintonía con las propuestas que lanzaba el Consejo de la Juventud de España según nos muestra Comas (2007: 76)¹. Este mismo autor manifiesta que las Políticas de Juventud en España se han ido ajustando a las trasformaciones y a las demandas, que ocasionaban los cambios políticos, económicos, sociales y culturales, tanto los del propio país, como los de su entorno europeo, en un ejercicio de pragmatismo más o menos consciente (Comas 2007:95). Y, aún con matices, compartimos su opinión.

Muchas de las iniciativas y actuaciones desarrolladas a finales de los 80′ y principios de los 90′ se vieron mermadas y condicionadas por un contexto de recortes presupuestarios coincidente con la crisis financiera de la primera mitad de los años noventa. De un lado se realizaba una oferta de políticas de servicios personales y de ocio (Casas de Juventud, Información Juvenil, actividades socioculturales) y por otro, algunas iniciativas de especial valor se comprometieron, de acuerdo a las competencias de su nivel administrativo, con las denominadas “Políticas Integrales de Juventud” (entre otros: Ayuntamientos de Barcelona, Zaragoza, Alcobendas, así como el INJUVE y varias Comunidades Autónomas que desarrollaron Planes de Juventud). Añadido al efecto de la crisis de los 90′ y a cambios en las prioridades políticas, muchos de los servicios y estructuras creadas perdieron peso y sufrieron restricciones notables. A ello se unió un cambio en el enfoque predominante de las Políticas de Juventud constatando las dificultades que presentaban las “políticas integrales o de transición” al haber suscitado expectativas que se cumplieron muy parcialmente, y con una implantación geográfica muy dispar. Emerge entonces la etapa de las ”políticas afirmativas”² que se centran en las necesidades específicamente juveniles, en sus intereses como colectivo con una identidad propia que le confiere un protagonismo en la sociedad, más allá de su proceso de transición a la vida adulta. Los interesantes debates que surgieron a raíz de estos enfoques han derivado, entre otros, en enfoques de carácter más integrador, como las denominados “políticas de transición afirmativas” que pretende captar la realidad juvenil actual para responder de manera integral a las necesidades de los jóvenes, interpretando también como necesidades juveniles sus expectativas, sus aspiraciones y sus deseos, introduciendo un elemento progresista que facilita la dimensión estratégica de las políticas de juventud (Patón i Casas, 2003:53)³. O el concepto de «políticas integradas de transición” que se refiere explícitamente a los cambios en las estructuras objetivas de las transiciones al empleo, junto a las perspectivas subjetivas de los jóvenes implicados en ellas. Partiendo de la idea de que las transiciones de los jóvenes a la madurez, tradicionalmente estructuradas por trayectorias directas entre el sistema educativo y el mercado laboral, se ven reemplazadas por una relación cada vez más indirecta entre los extremos de la transición, donde el aprendizaje informal adopta especial protagonismo.(Walther, 2004)⁴.

Una reflexión que vale la pena retomar es que los debates teóricos generados durante todos estos años han sido interesantes pero, como afirma Pep Montes “en escasas ocasiones ha tenido la virtud de resultar útil desde el punto de vista práctico”, además de haber estado alejados de las esferas de decisión política. Para este experto, “no falla el conocimiento de la realidad ni la capacidad de análisis; falla la traducción de conclusiones teóricas en propuestas de actuación y, en definitiva, en la ejecución final de proyectos que las desarrollen.” (Montes, 2011)⁵. Aún con el riesgo de caer en descripciones muy simplistas, los enfoques que han dominado el marco conceptual político a la hora de configurar las actuaciones en materia de Políticas de Juventud han oscilado entre los planteamientos apoyados en los procesos de inserción social del joven y de su autonomía personal, de un lado, y los procesos de protagonismo y consolidación de su propia identidad como grupo social. Y, muy probablemente, esos dos enfoques preeminentes en una dialéctica mantenida en las últimas décadas (políticas integrales y de transición, frente a políticas afirmativas) junto a las últimas concepciones más integradoras, constituyan un conjunto de visiones complementario imprescindible en nuestra labor con los jóvenes (Comas, 2011)⁶.

En el ejercicio de adaptación de acciones que respondan a políticas de transición y políticas afirmativas, las diferentes administraciones públicas tienen ahora un grave problema añadido derivado por la crisis, y es el hecho de que ya no son solo las trayectorias en precariedad (Casal. 1996)⁷ o trayectorias fallidas (du Bois-Reymond y López Blasco, 2004)⁸ de la juventud lo que debería constituir una prioridad, sino que los itinerarios exitosos en la formación y la ocupación laboral ya no garantizan la plena integración social y emancipación como en el pasado por la intensa precarización (“trabajadores pobres”).

Paralelamente a los debates teóricos y técnicos, el hecho más sobresaliente en los últimos años, radica en que por efecto de la crisis económica y los cambios en las prioridades de la agenda política, asistimos a situaciones de recortes drásticos en los presupuestos y en los recursos humanos de los Servicios de Juventud en muchas administraciones locales y regionales, provocando una ruptura severa con lo mucho o poco que se realizaba años antes, y con un horizonte incierto respecto a la aplicación de políticas de juventud.

En este escenario, lo más lamentable es la falta de continuidad de muchas de las políticas lanzadas exitosamente en diversos ámbitos de la administración pública, ya sea por limitaciones presupuestarias, ya por decisiones políticas que varían las prioridades de las acciones en el amplio escenario del Bienestar Social, ya por efectos de una devastadora crisis económica, política y de valores sociales que, junto a la liquidación de servicios y programas relevantes, vienen acompañadas de un distanciamiento enorme de la mayoría de jóvenes respecto a todo lo que suena a institucional o de la administración. En un contexto donde los mecanismos de individualización de las problemáticas sociales y la falta de empleo están provocados por una severa crisis como consecuencia, según algunos expertos, de un “saqueo” financiero. Donde los datos recientes sobre la tasa de desempleo entre los jóvenes menores de 25 años no cesan de incrementarse, y los alumnos de familias sin recursos tienen más dificultades para continuar o lograr mejores niveles de educación. Un periodo de crisis financiera que ha provocado de forma espectacular, según un informe reciente de la OCDE⁹, que los jóvenes hayan experimentado disminuciones de renta e incrementos del riesgo de pobreza especialmente intensos (Income Inequality Update OCDE 2014 – pdf), siendo estas tendencias en España más marcadas que en la mayoría de países. Donde aparentemente no se ofrecen expectativas exitosas de resolución mediante estructuras y acciones colectivas asequibles, tal y como el discurso dominante se encarga eficazmente de transmitir, pues, la necesidad de “reinventarse” y de “emprendimiento”, que no debemos dejar de atender, no aparece especialmente vinculada a procesos colectivos de resolución de problemas, de autonomía laboral cooperativa o de innovación social colaborativa.

Como señala Brugué¹⁰ recordando a Bauman: “En un mundo crecientemente individualizado ya no se trata de construir comunidades (el futuro de todos) sino de diseñar biografías (el presente de cada uno); no pretendemos incidir en nuestro entorno (estrategia transformadora) sino que nos limitamos a preocuparnos por cómo nos movemos en él (estrategia adaptativa). Sin proyecto colectivo estar juntos no tiene sentido, se convierte en una pérdida de tiempo. No nos interesa conversar civilizadamente para dar cauce a nuestros desacuerdos, sino espabilarnos individualmente para dar salida a nuestras ambiciones.”

Ante este panorama no nos extraña que surjan discursos bien fundamentados que duden del futuro de los jóvenes como ciudadanos integrados socialmente. O iniciativas y campañas destinadas a visibilizar la obligada emigración de nuestros jóvenes para encontrar trabajo, que el CJE denomina “Liquidación por Crisis”. Como era de esperar, en los últimos años se ha producido un deterioro en la confianza de los jóvenes en instituciones como los partidos políticos, el sistema parlamentario, los sindicatos y el sistema judicial. Más, por otro lado, crecen entre ellos los valores postmaterialistas y aumentan también en su conjunto los valores que apuntan a dimensiones de estabilidad personal y material (Elzo y ot., 2014)¹¹. Lo cual no evita que la vivencia prolongada de situaciones de precariedad influya negativamente en la configuración de valores de una parte importante de jóvenes. No obstante, según Elzo, a pesar de este panorama de futuro incierto, cuando se les pregunta, los jóvenes se sienten felices. Felices consigo mismos, con sus amigos y con sus familias¹². A pesar de estos escenarios, los jóvenes españoles no se consideran antisistema ni extremistas, pero reniegan de la España actual, de la España oficial y anhelan cambios profundos.

Todo ese conjunto de condicionantes de vida afecta tanto al curso de la emancipación, como a la configuración de la identidad de nuestros jóvenes y al carácter de nuestras políticas. La merma de recursos habituales en el Estado del Bienestar incide radicalmente en las posibilidades de inserción social, provocando una gran cantidad de cuestiones en nuestra labor: ¿La reducción o desaparición de los Servicios de Juventud y de los recursos dirigidos a la autogestión potencial de los propios jóvenes de espacios y de programas de actividades, puede responder a esa misma estrategia de promover soluciones individualizadas a problemas colectivos? ¿Somos eficaces y conseguimos los impactos pretendidos desde los Servicios de Juventud? ¿En qué medida evaluamos nuestra gestión y, a partir de esas valoraciones, revisamos nuestra misión? ¿Cómo superar los límites de la compleja transversalidad en las políticas de juventud? ¿Es posible garantizar un diálogo y una deliberación con los jóvenes desde las instituciones públicas sin mediar profesionales capacitados? ¿Qué son hoy las políticas explícitas de juventud? ¿Cuál es el protagonismo de los jóvenes y sus colectivos en su diseño y evaluación? ¡Qué espacios de interlocución entre políticos y jóvenes podemos articular para consolidar su implicación? Etc. Además, toda esta serie de cuestiones se enmarcan, inevitablemente, en la paradoja de querer responder a una creciente complejidad social (cada vez somos más diferentes, más diversos, más plurales) con una creciente renuncia a aquello que nos ha de permitir equilibrar esta misma complejidad, es decir, la política (Brugué y Gomá, 2008)¹³ .

No faltan compromisos institucionales de especial relevancia en pro de las políticas de juventud bajo una consideración ambiciosa. Por ejemplo, entre las RESOLUCIONES aprobadas por la 10ª ASAMBLEA GENERAL de la FEMP (Madrid, 24 de septiembre de 2011), en materia de JUVENTUD se indica que, a través de las Concejalías de Juventud, se promoverán las iniciativas de participación de jóvenes dentro de una acción global encaminada al desarrollo efectivo de los derechos de participación de los jóvenes. Para ello la FEMP apoyará a las Concejalías de Juventud que potencien aquellos movimientos sociales promovidos por los jóvenes con el objetivo de desarrollar una democracia participativa, reconociendo su papel de interlocución. Otras propuestas son el impulso de la elaboración de planes locales de juventud, que contemplen acciones integrales y transversales. El acceso a las TIC y el acceso a vivienda. Y el intercambio de experiencias y buenas prácticas, además de la colaboración con el INJUVE¹⁴. Será muy interesante conocer la valoración que se realice del cumplimiento de estas medidas, al finalizar el actual periodo de gobierno municipal el próximo mes de mayo.

Recientemente, el Consejo de Ministros ha acordado la puesta en marcha del Plan de Acción de la Estrategia de Juventud 2020 un proyecto dotado de 2.942 millones de euros, con 211 medidas, subrayando que más del 90% de dicha cuantía se articula en los objetivos de potenciación del empleo y del emprendimiento. Entre sus líneas de actuación destacadas plantea la coordinación entre los departamentos de juventud de las administraciones y los centros educativos para que se canalicen oportunidades laborales y vías de formación. Y se refiere, también, a la promoción de hábitos de vida saludable, la potenciación del voluntariado entre los jóvenes, el compromiso por erradicar cualquier forma de discriminación, y por extensión, por fomentar la igualdad son otros de los campos preferentes de esta Estrategia. La prioridad en el empleo es obvia, debido a los lamentables datos de desempleo juvenil, y el impulso que se quiere otorgar a la iniciativa europea de Garantía Juvenil es evidente. Pero aún es muy pronto para determinar la bondad y la adecuación de estas medidas a las necesidades de los jóvenes de nuestro país.

Otro aspecto determinante para valorar la importancia de las Políticas de Juventud consistiría en estudiar en qué medida las prioridades manifestadas en los Planes Globales de Juventud de ámbito estatal o autonómico, se refleja en los Planes Estratégicos respectivos. A su vez, en qué medida influyen o no en el desarrollo de Planes Locales de Juventud. Ha habido épocas en los que el clima político y el apoyo económico específico, derivado de las líneas de actuación de cada Plan en cada periodo, han orientado la puesta en práctica de actuaciones que, en mayor o menor grado, estaban vinculadas a sus propósitos. Esta puntualización surge por que, en algunos casos, la supuesta aplicación a nivel local de estos postulados respondían a un mimetismo de sus contenidos programáticos, obligado por la necesaria financiación oportuna de recursos o actividades.

Es de agradecer que en ocasiones se ejecuten encuestas como la realizada en 2009 por la Generalitat de Cataluña sobre Políticas Municipales de Juventud¹⁵, donde se concluye que quienes trabajan en materia de juventud (ya sean políticos, personal técnico, alcaldes) consideran que los principales objetivos de las políticas dirigidas a los jóvenes son facilitar su acceso a la plena ciudadanía así como facilitar la transición a la vida adulta, especialmente en los ámbitos de educación, trabajo y vivienda. Manifestando globalmente una positiva valoración de los efectos del Plan Nacional de Juventud de Cataluña, en las políticas locales. Siete de cada diez municipios catalanes tienen equipamientos de uso exclusivo o preferente para jóvenes. Sin embargo, y esto es llamativo, dos tercios de los municipios no disponen de un órgano o plataforma reconocida de interlocución con los jóvenes. Solamente un 8’4% tiene un Consejo Local de Juventud, y un 5’7% un Consejo Municipal o consultivo. De entre los municipios que disponen de un Plan Local de Juventud, seis de cada diez creen que su grado de cumplimiento es alto. En cambio, se percibe que tanto el grado de conocimiento que los jóvenes tienen del PLJ, como el impacto que ha tenido sobre la situación de la juventud, han sido menores. No creemos que la situación promedio del conjunto de municipios en el resto de España sea, en estos aspectos, muy diferente a la observada en los ayuntamientos catalanes.

El hecho más destacado en el conjunto de nuestro país es que las diferencias entre ámbitos rurales y urbanos, así como la discontinuidad de presupuestos, actuaciones, servicios y personal técnico, las diferencias en las voluntades de los responsables políticos y su dificultad, en muchos casos, de interlocución con los jóvenes, ha provocado una notable fragmentación territorial en lo referente a recursos, estructuras y capacidades de intervención y contenidos programáticos, lo que determina el carácter y sentido de las políticas de juventud en cada entorno, ya sea local o autonómico. Las opciones reales y los obstáculos potenciales de coordinación y competencias entre las diversas administraciones públicas continúan siendo un reto cotidiano. Como se ha señalado en varias ocasiones (p. ej. Alemán y Martín, 2004)¹⁶ y eventos sobre estas materias, es imprescindible llegar al Pacto Local para clarificar tanto el marco competencial como el financiero en el que deben implementarse estas políticas.

AGENDA POLÍTICA Y DELIBERACIÓN

Un aspecto principal que explica también las vicisitudes de las Políticas de Juventud están íntimamente ligados a la “agenda política”. El concepto de agenda hace referencia al conjunto de problemas que compiten por hacerse un lugar en el espacio restringido de las cuestiones que serán objeto de la intervención de las instituciones públicas. Y ahí se desenvuelve la dialéctica entre la “agenda pública” y la “agenda de gobierno”. Para que queden incorporadas en la agenda y en un lugar destacado los asuntos que afectan a los jóvenes, como cualquier otro tema social, deberán contar con una atmósfera propicia entre el público. Lógicamente, cuanto más amplio sea el acuerdo sobre cómo se delimite un problema, más amplitud tendrá su alcance (Alemán y Martín, 2004)¹⁷. Como es evidente, las políticas de juventud no han gozado de prioridad en nuestra historia democrática. Es más, cuando esperábamos que un gobierno abanderado del cambio social mantuviera en el medio y largo plazo el interés por la población juvenil en el periodo 1982-1996, la realidad fue que la agenda gubernamental y la aplicación de sus políticas se alejaban de lo inicialmente prioritario, tal y como demuestra Pau Mari-Klose (2012) en un artículo imprescindible¹⁸. La vinculación del interés de los gobernantes por las prioridades de sus votantes es evidente en todos lados. Lo que llama la atención para este sociólogo, entre otros análisis, es que en aquél periodo, “los votantes jóvenes no cambian el sentido de su voto únicamente en respuesta a una valoración negativa sobre la gestión de materias que les atañen más directamente. En general muestran una orientación «sociotrópica» hacia la política social. Tienden también a castigar al gobierno si creen que este gestiona mal las pensiones o la sanidad”. Si observamos con detalle algunos matices de los recientes estudios sobre valores de los jóvenes (Elzo, 2014), veremos que emergen ciertas similitudes de las valoraciones de los jóvenes de entonces con los actuales.

En otros espacios se ha propuesto insertar el debate y las prioridades de las Políticas de Juventud en el seno mismo del conjunto de las Políticas Públicas de Bienestar Social, sin pretender buscar una singularidad que en muchas ocasiones nos aísla ingenuamente. En este marco, deberíamos impulsar una agenda política que permita, entre otros fines, superar cuatro obstáculos centrales en el diseño de cualquier política pública, según Ortegón (2008)¹⁹:

• Los obstáculos de contexto se relacionan, entre otros, con los factores vinculados a la financiación de las políticas; con el consenso/disenso sobre las prioridades; con la negociación de actores y con la participación y comunicación entre actores.

• Los obstáculos de contenido atañen al discurso mismo de la política, a la pertinencia de sus programas estratégicos, y a las respuestas que conlleva, como solución a los problemas centrales del desarrollo.

• Los obstáculos de actores se asocian con la “objetividad” o “neutralidad” con que la política aborde a los actores estratégicos; con la confianza, motivación y percepción que los actores puedan tener sobre la política; con los puentes de diálogo entre lo público y lo privado; y con la forma como se articulen las redes de relaciones de actores interdependientes a favor de la política.

• Los obstáculos de proceso se refieren a la forma como se lleva a cabo la política, es decir, a la forma como se institucionaliza el proceso de interacción; al tipo de canales de interacción/comunicación entre sectores, regiones y niveles; al tránsito del centro a la periferia y su retroalimentación; al seguimiento y la evaluación de la política; entre otros.

Entre los retos en la época actual está lograr espacios de deliberación suficientes para que los diferentes actores ejerzan un protagonismo equitativo y puedan, así, sortear los citados obstáculos. Y para articular cualquier diálogo constructivo se deben satisfacer como mínimo tres momentos imprescindibles según Brugué (2011): (1) explicarnos (clarificar y comunicar los contenidos y los objetivos del debate), (2) escuchar a la ciudadanía (invitándola a espacios de debate en donde expresarse de manera clara y ordenada) y (3) responder (dar cuenta de las aportaciones recibidas y de cómo éstas se han trasladado a una decisión concreta, visualizando hasta qué punto las diversas posiciones se han incorporado o no).

¿Los diferentes actores en las políticas públicas de juventud, participan de igual forma en las fases del ciclo de las políticas públicas? A saber: 1) la identificación y definición de problemas; 2) la formulación de políticas; 3) la adopción de la decisión; 4) la implantación; y, 5) la evaluación. Podríamos hacer un ejercicio a partir de la realidad de nuestro territorio y registrar en una tabla, el porcentaje de participación real que efectúan en cada fase del ciclo cada uno de estos actores: Políticos, Personal técnico, Jóvenes asociados, Jóvenes no asociados. Y, observando sus resultados, establecer ideas y mecanismos para equilibrar la distribución de tales porcentajes en lo que sería deseable por el conjunto de sujetos. Seguro que nos encontraremos con un panorama contradictorio con lo explicitado en los objetivos de la mayoría de programas políticos.

CONSEJOS DE JUVENTUD E INICIATIVAS EUROPEAS

La apuesta por impulsar y fomentar la participación de los jóvenes y sus colectivos se ha mantenido en los programas de juventud como elemento prioritario. El papel que cumple el Consejo de la Juventud de España ha sido esencial articulando propuestas basadas en las necesidades e iniciativas de los jóvenes asociados, quienes normalmente son los más motivados e inquietos por intervenir en la sociedad. Entre la diversas publicaciones e informes sobre la condición juvenil, es conocida la serie de informes “Bases para una Política de Juventud” que desde 1991 y aproximadamente, cada cuatro años han ido editando el último publicado en 2010, en el que recogen sus líneas estratégicas y sus propuestas de acción. Además presenta también propuestas en ámbitos específicos que afectan a los jóvenes, así como en el de las políticas públicas de juventud .

El CJE forma parte del Foro Europeo de la Juventud (FEJ) una organización internacional formada por consejos nacionales de juventud y organizaciones no gubernamentales de juventud de ámbito internacional, que representan los intereses de la gente joven de toda Europa. Representa a las entidades juveniles en las instituciones internacionales, principalmente ante la Unión Europea, el Consejo de Europa y Naciones Unidas. Su misión está dirigida a fomentar la participación de la juventud europea en la sociedad en la que viven, así como mejorar sus condiciones de vida.

Al igual que el CJE es -hasta hace bien poco- interlocutor ante la Administración Central de España (aunque con la reciente aprobación del Proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público que regula el cierre del Consejo de la Juventud de España, su protagonismo y su rol quedan diluidos), el FEJ es un interlocutor ante las autoridades europeas, y ha lanzado propuestas y debates que, finalmente, han calado en algunas de las decisiones de las instituciones europeas. Uno de esos casos fue la publicación en 2012 del informe “Una Garantía Juvenil para Europa. Hacia una política sobre el empleo juvenil basada en los derechos”, editada en nuestro país con la colaboración del CJE, en el cual se ofrece un repaso la realidad del desempleo juvenil en la Unión Europea y la presentación de la Garantía Juvenil como una medida necesaria para abordar esta situación. En el mes de abril publicaron otro informe («Youth Organisations and the Youth Guarantee in Europe» ) donde se abordaba el papel de las organizaciones de jóvenes en el diseño, el seguimiento y la aplicación de la Garantía Juvenil con la participación de los Consejos Nacionales de Juventud.

Otro de los documentos de interés es el denominado «Un nuevo pacto europeo por y con la juventud», cuya versión y adaptación en español presentó el CJE en febrero de 2014, incluyendo las propuestas que las entidades juveniles quieren trasladar a los partidos políticos de cara a las elecciones europeas, en el que se subrayan, entre otros, los temas de democracia participativa y mayor representación juvenil en los puestos electos.

El FEJ realiza propuestas de actuación para favorecer la emancipación de los jóvenes, en el ámbito de empleo, en la protección de los derechos de ciudadanía de la juventud y los servicios que inciden en la atención y superación de sus problemas de cara a su emancipación e inserción social (de acceso a la vivienda, de atención especial de trayectorias y problemáticas formativas y sociales diversas, garantía juvenil, etc…). Y se supone que, por su estrecho contacto con la realidad de los jóvenes europeos, se configura como una entidad de especial relevancia.

Dada la importancia que cada día adoptan los programas europeos y la política europea en la condición social de los jóvenes, podríamos plantearnos si en la práctica del trabajo que se realiza desde los Servicios de Juventud (sobre todo a nivel local) se llega a tener en cuenta e incorporar estas iniciativas en nuestras programaciones. No consiste solamente en saber que existen estas propuestas que pueden tener (o no) repercusión en el contexto de las instituciones europeas. Habría que indagar de que forma esta clase de iniciativas -y la participación de los propios jóvenes en su elaboración- pueden formar parte de las actuaciones en ámbito autonómico o local. Se trata de analizar en qué medida las iniciativas, y los procesos, generados por los representantes de las organizaciones y los colectivos de jóvenes, son asumidas por las administraciones públicas e incorporadas en la gestión que realizan los técnicos de los servicios de juventud y los responsables políticos en sus agendas políticas, así como la implicación y participación de los colectivos juveniles de cada territorio en su desarrollo. Y, por otra parte, conociéndose que el nivel regional y local es donde finalmente se traducen -en lo factible- las medidas que se derivan de aquellas iniciativas nos plantearíamos si tiene presente el FEJ en sus debates y propuestas estos ámbitos territoriales como referente de actuación.

PARTICIPACIÓN y E-PARTICIPACIÓN

Como expresa Amezaga (2008)²⁰, a pesar de que la participación es un elemento central de las políticas de juventud, los grandes pronunciamientos en pro de la necesidad de implicar a los jóvenes en las cuestiones que les atañen acaban siendo demasiadas veces un brindis a sol al no reflejarse en la práctica cotidiana, en la que terminan imponiéndose visiones restringidas de la participación que frustran muchas expectativas. Hay que hacer frente a la falacia de la supuesta apatía generalizada entre la juventud. Conscientes de que no puede abordarse a la juventud como un grupo homogéneo cuando analizamos sus comportamientos políticos, sabemos que, si bien los jóvenes manifiestan interesarse menos por la política y se abstienen en mayor número que los adultos, el resto de indicadores no confirma que los jóvenes sean especialmente apáticos hacia los asuntos públicos, o al menos, no lo son tanto en comparación con los adultos (García-Albacete, 2008)²¹.

Desde el Observatorio Regional de la Juventud de la Juventud de la Región de Murcia (ya desaparecido), se manifestaba que la condición juvenil, lejos de uniformizar, es vivida desde el pluralismo de vivencias, situaciones, opciones y proyectos, por lo que debemos hablar de una heterogeneidad de situaciones y vivencias de la juventud, de tal complejidad que requiere respuestas de proximidad que permitan diseñar políticas de juventud asumiendo la diversidad como valor de fondo. (Pleguezuelo, 2010:32)²²

Junto a los escenarios tradicionales facilitadores de encuentro y de interacción entre los jóvenes, los técnicos y los políticos (en el espacio real) donde lo local constituye el escenario privilegiado de proximidad, nos encontramos hoy con que las TIC permiten configurar un nuevo entorno (virtual) que comprende un valor sustancial y un nuevo marco de interrelaciones en el que la ubicuidad de los sujetos conectados no disminuye su trascendencia social y comunitaria, el cual emerge como una intersección con los entornos de proximidad. Sin duda hay cambios de estilo de conducta social que nos avisan de ciertos riesgos como el potencial aislamiento e individualismo, el estar “juntos pero solos”, o bien aparecen datos indicando que los jóvenes más asiduos a las nuevas tecnologías no son tan distintos políticamente del conjunto de la población, como señala I. Urquizu²³, derribando cierta ilusión respecto al potencial participativo juvenil supuesto del ciberactivismo. Según demuestran recientes investigaciones aplicadas (García, Alonso y del Hoyo, 2013)²⁴ , la implicación social motivada por la participación de los jóvenes en redes sociales online parece requerir de una motivación previa hacia actitudes de solidaridad, asociacionismo y movilización social y cívica, los jóvenes parecen utilizar las redes sociales virtuales fundamentalmente para la participación que tiene que ver con el mantenimiento de las relaciones sociales, pero el camino para la participación social, cívica y/o política está abierto. Aunque debemos considerar también que en relación al tipo e intensidad de la implicación de jóvenes y adolescentes existe una brecha cada vez más amplia entre la cultura de la escuela y la cultura que permea su vida fuera de la escuela, como participantes activos que toman sus propias decisiones en complejos entornos mediáticos multimodales²⁵.

La e-participación en el ámbito de las actuaciones de juventud, adopta un cariz muy relevante, como podemos comprobar en la reciente guía “Pautas para el éxito de la e-participación de los jóvenes en la toma de decisiones a nivel local, regional, nacional y europeo“ elaborada por un grupo internacional de expertos en políticas de juventud de España (INJUVE), Alemania, Finlandia, Austria, Reino Unido y la Comisión Europea, dentro del proyecto YOUTHPART. Conforme leemos en dicho documento, la participación es compartir, involucrarse y tomar acción. En el caso de la e-participación, esta implicación y participación en la toma de decisiones se lleva a cabo por vía electrónica a través del uso de la información en línea y la tecnología basada en Internet. En un sentido político, el término expresa el hecho de que muchos aspectos de la vida cotidiana de los ciudadanos están determinadas por los procesos políticos. En esencia, la e-participación es la elaboración interactiva en línea de políticas en acción.

Como bien explica Prieto-Martín, P. (2012)²⁶, haciendo un análisis riguroso de los conceptos utilizados para describir la e-participación, lo que debe sobresalir es el componente de “participación”, haciendo que la “e” sea cada vez más pequeña. Destacando que “un factor fundamental que debe tenerse en cuenta al reflexionar sobre la (e)Participación es que ciertas cosas que resultaban inalcanzables utilizando la infraestructura tecnológica participativa propia del siglo XX, se están haciendo posibles gracias a la aplicación intensiva de tecnologías de la información a los procesos participativos”. Uno de sus efectos potenciales es un tránsito desde una participación ‘dentro afuera’ (‘inside out’), que hace primar ante todo los intereses y la agenda de aquellos que están ya integrados en los círculos y espacios de poder, y que por tanto rara vez cuestiona el statu-quo, hacia una participación de tipo ‘fuera adentro’ (‘outside in’), que busca precisamente romper con la exclusión, y promover el desarrollo político, el empoderamiento cívico y la innovación social, mediante una progresiva incorporación en los espacios decisorios de colectivos previamente excluidos.

Entre los ejemplos de propuestas disruptivas para fomentar la participación (o la e-participación) juvenil, más allá del perfil de usuarios de consumo de servicios y actividades de ocio, consistiría en aplicar la metodología de los Presupuestos Participativos en las Políticas de Juventud (Comas, 2010)²⁷. Otro reto sería ejercitar en cierta forma el “descentramiento” de nuestras políticas y contrastar de vez en cuando lo que hacemos habitualmente en nuestro entorno, con aquéllas iniciativas singulares (aparentemente extrañas) que en otros países y en otras realidades totalmente distantes a la nuestra, abordan de cara a favorecer el protagonismo de los jóvenes. Un ejemplo particular lo vemos en la iniciativa del Banco Mundial en países en desarrollo para implicar a los jóvenes en las acciones de Gobierno Abierto y de fiscalización de los presupuestos de sus municipios para evitar la corrupción.

BUENAS PRÁCTICAS Y MODELOS DE SERVICIOS DE JUVENTUD

Las reflexiones teóricas sobre la realidad de los jóvenes y el carácter que deben asumir las líneas de los programas de intervención debe ir acompañada, indudablemente, de ejemplos concretos que nos permitan comprobar, en la práctica, su viabilidad. La multiplicidad de modelos de gestión o desarrollo de iniciativas es amplia, y no existen recetas mágicas. Siempre intentamos comparar lo que llevamos a cabo en nuestro territorio con lo efectuado por otros colegas en otros distantes, pero con circunstancias y condiciones sociales que podrían ser similares. Esa es una conducta habitual para intentar evaluar nuestra labor frente a contextos similares. Pero no tiene por qué ser acertada. Influye una cantidad de factores muy diversos. Y siempre corremos el riesgo de no controlar algún detalle que limita la capacidad de extrapolar un sistema de trabajo o una iniciativa exitosa en un territorio, al nuestro directamente, sin aplicar los filtros, las adaptaciones y las combinaciones de actores y recursos pertinentes para su eficaz aplicación. Por ello pensamos que en el debate sobre el futuro de las políticas de juventud en época de crisis, es muy bienvenida la importante iniciativa Bones Pràctiques en l’ambit de la joventut lanzada por nuestros colegas de la Associació catalana de profesionals de les polítiques de joventut.

ALGUNAS PROPUESTAS FINALES DE REFLEXION

Son múltiples los aspectos y los temas que inciden en el desarrollo de las Políticas de Juventud. Tampoco he pretendido en esta suerte de notas para un debate, aventurarme a cerrar una definición exacta y clara de los que se considera Políticas de Juventud. Hay mucha bibliografía que trata estos conceptos, sobre los nos movemos la mayoría de quienes trabajamos en este campo, quizá en este debate en Cabueñes, o en otros futuros, surjan otros conceptos, matices y posturas que le den otros sentidos. O quizá no. Pero la apuesta que tenemos por delante es todo menos sencilla, y la incertidumbre que perciben los jóvenes ante su futuro va construyendo un circuito en el que nos cruzamos quienes desempeñan tareas de representación política y quienes realizamos labores de personal técnico en los Servicios y Programas de Juventud. El diálogo entre estos tres vértices del triángulo donde se insertan las políticas de juventud, es inevitable.

Los jóvenes en la actualidad disponen de mejores herramientas que otras generaciones, pero dado el impacto de la crisis económica destruyendo un modelo de bienestar social que difícilmente se recuperará, no sabemos si podrán utilizarlas exitosamente. Por ello algunos expertos señalan que el foco de nuestra intervención debemos dirigirlo hacia la necesidad de que los jóvenes sean proactivos y consigan tomar decisiones con éxito (Aguinaga y Comas, 2013)²⁸. Lo que nos cuestiona, por poner un ejemplo, sobre qué es lo que hemos estado haciendo hasta la fecha desde los Centros de Información Juvenil, y si ello implica un cambio en nuestra misión. Compartimos la consideración de que la juventud es tanto una etapa transitoria como una categoría social y que tal premisa nos obliga a flexibilizar al máximo las líneas programáticas. Pero ello no debe eludir un enfoque globalizador e integrador de nuestra actuación en cada territorio. Tratar de equilibrar aspectos estructurales y personales de los jóvenes es un reto constante. La combinación de objetivos que plantea Comas (2011) como definidores del significado de las Políticas de Juventud son hoy esenciales: condición juvenil, compromiso social, promoción del cambio y transición a la vida adulta.

Para finalizar, sin ánimo de concluir, de entre la diversas propuestas de Políticas de Juventud efectuadas hasta la fecha, personalmente me atrajo de manera especial la que surgió en una investigación de campo realizada en los municipios catalanes (Gomá, 2002) ²⁹ partiendo de unas premisas acertadas, bastante sistematizadas y, a su vez, valientes:

Según esta investigación, las políticas locales de juventud deberían incorporar cinco grandes elementos vertebradores:

1. POLÍTICAS DE CARÁCTER INTEGRAL
a) la articulación de redes de trabajo interinstitucional, que incorporen diferentes escalas territoriales de acción;
b) la articulación de redes de transversalidad, que incorporen diferentes perspectivas de trabajo sectorial;
c) la articulación de redes de capital social, que incorporen los recursos y las dinámicas asociativas y comunitarias del mundo juvenil.

2. POLÍTICAS DE PROXIMIDAD
La heterogeneidad requiere respuestas de proximidad.
La proximidad hace posible articular conocimiento y decisión; hace posible, por tanto, diseñar políticas de juventud que asuman la cotidianidad y la diversidad como valores de fondo.

3. POLÍTICAS DE EMPODERAMIENTO
Las dinámicas participativas deben servir para formular políticas de juventud arraigadas en elementos endógenos de identidad / realidad juvenil.

4. POLÍTICAS QUE ASUMAN EL CONFLICTO
El éxito de las políticas de juventud-en una sociedad compleja como la nuestra- no vendrá tanto por la construcción de consensos y acuerdos, sino por la capacidad de generar espacios participativos de gestión cívica de los conflictos; espacios de confluencia donde los diferentes agentes se reconozcan mutuamente en la diferencia.

5. POLÍTICAS CREATIVAS, ORIENTADAS AL APRENDIZAJE SOCIAL
Por un lado, las políticas de juventud deberán permanecer abiertas a la innovación, deberán definirse mediante procesos de aprendizaje social, experimentación y negociación, más que por procesos de programación racional y tecnocrática. Por otra parte, la transversalidad educativa se convierte en el factor clave de construcción de ciudadanía joven.

Esperamos que el debate se amplíe, nos enriquezca y dé sentido a nuestra labor con los jóvenes

REFERENCIAS

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